Por qué un centro educativo necesita filtrar contenidos: lo que está en juego

El filtrado no es solo una cuestión del departamento informático

Es fácil pensar en el filtrado como una función más del firewall: se bloquean determinadas páginas, se permiten otras y el asunto queda resuelto. En un centro educativo, sin embargo, la decisión es bastante más compleja porque la tecnología tiene que responder a una política previa. El centro debe decidir qué tipo de acceso quiere ofrecer al alumnado, qué diferencias habrá entre etapas educativas, qué contenidos deben limitarse y qué libertad necesita el profesorado para trabajar con normalidad. Una política adecuada para un alumno de ocho años difícilmente será la misma que para uno de diecisiete, y una configuración que funciona bien para un grupo de primaria puede resultar completamente inadecuada en bachillerato.

También hay que pensar en las excepciones. Un sistema de filtrado puede bloquear por error una página legítima que un profesor necesita para una clase que empieza dentro de veinte minutos. En ese caso no basta con que el sistema sea capaz de bloquear; tiene que existir una forma clara y rápida de revisar la incidencia y autorizar el recurso cuando corresponda. Esa diferencia es importante: una cosa es tener un filtro instalado y otra muy distinta disponer de una política de filtrado diseñada para funcionar en el día a día de un colegio.

El centro tiene una responsabilidad sobre el entorno que ofrece al alumnado

La protección de los menores dentro del centro no desaparece cuando una actividad pasa de un libro o del patio a una pantalla. El artículo 1903 del Código Civil establece la responsabilidad de las entidades titulares de centros docentes de enseñanza no superior respecto de los daños causados por alumnos menores mientras se encuentran bajo el control o vigilancia del profesorado en actividades escolares, extraescolares y complementarias. La Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia también establece obligaciones en el ámbito educativo relacionadas con la seguridad y la responsabilidad digital, los protocolos de actuación y la figura del coordinador de bienestar y protección. A ello se suma la Ley Orgánica de Educación, que contempla expresamente la necesidad de reducir los riesgos derivados de un uso inadecuado de las tecnologías en el ámbito escolar.

Esto no significa que instalar un sistema de filtrado elimine la responsabilidad del centro ni que pueda garantizarse que nunca se accederá a un contenido inadecuado. Ninguna herramienta puede prometer algo así. Lo que sí puede hacer un centro es disponer de una política definida, aplicar medidas técnicas coherentes con esa política y tener capacidad para revisar lo sucedido cuando aparece una incidencia. La diferencia entre contar con ese marco y no poder acreditar ninguna medida es importante tanto desde el punto de vista educativo como desde el de la gestión del propio centro.

El problema va mucho más allá del contenido sexual

Cuando se habla de filtrado en colegios, la primera categoría que suele aparecer es la pornografía, y es comprensible que sea así. El informe Desinformación sexual: pornografía y adolescencia, publicado por Save the Children en 2020 a partir de una encuesta a 1.753 adolescentes de entre 13 y 17 años, situaba el primer acceso a la pornografía en los 12 años de media. Por otra parte, según la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares del INE de 2025, el 96,5 % de los menores de entre 10 y 15 años utilizaba internet. Son cifras que ayudan a entender por qué el acceso a determinados contenidos preocupa cada vez más a centros y familias.

Pero reducir el filtrado a bloquear contenido sexual deja fuera una parte importante del problema. También hay contenidos violentos, páginas relacionadas con apuestas, comunidades que normalizan conductas de autolesión o trastornos alimentarios, estafas dirigidas a adolescentes, mensajería anónima, determinadas salas de chat, servicios de almacenamiento personal y herramientas online que el centro puede considerar inadecuadas para determinadas edades o contextos. Según los datos de la encuesta ESTUDES 2023 recogidos por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, el 10,7 % de los estudiantes de 14 a 18 años había jugado dinero por internet durante los doce meses anteriores.

Por eso, una política de filtrado no debería empezar preguntando únicamente qué páginas hay que bloquear. La pregunta de fondo es bastante más amplia: qué tipo de acceso a internet quiere ofrecer el centro desde sus dispositivos y desde su red durante la jornada escolar.

Filtrar no significa prohibir internet

Una de las objeciones más razonables que aparecen cuando se plantea este tema en un claustro es si filtrar contenidos puede acabar convirtiéndose en una forma de sobreprotección. Los alumnos necesitan aprender a utilizar internet con criterio, reconocer contenidos falsos, detectar riesgos, gestionar su privacidad y desenvolverse en entornos digitales que fuera del colegio no estarán filtrados. Esa educación es imprescindible y ninguna herramienta tecnológica puede sustituirla.

Ahora bien, educar en el uso responsable de internet no significa que cualquier contenido deba estar disponible desde cualquier dispositivo del centro y a cualquier edad. El colegio ya toma decisiones similares en otros ámbitos: selecciona los libros de la biblioteca, decide qué películas pueden proyectarse, qué actividades son apropiadas para cada etapa y qué recursos utiliza el profesorado en clase. Con internet ocurre algo parecido. El centro define qué recursos pone a disposición del alumnado dentro de un contexto educativo y con qué límites.

Por eso una buena política de filtrado no consiste en bloquear cuanto más, mejor. Consiste en limitar aquello que realmente representa un riesgo o no tiene sentido en el entorno educativo y permitir todo lo que alumnos y profesores necesitan para aprender y trabajar con normalidad.

Primaria, secundaria y bachillerato no necesitan el mismo internet

La edad y la etapa educativa cambian mucho el tipo de acceso que tiene sentido ofrecer. En primaria suele ser razonable trabajar con un entorno más controlado, mientras que en secundaria puede ampliarse progresivamente el acceso a determinados recursos. En bachillerato la autonomía debe ser considerablemente mayor, porque el alumno necesita investigar, comparar fuentes, utilizar herramientas diversas y trabajar de una manera más parecida a la que encontrará en estudios superiores.

Eso obliga a que el sistema pueda aplicar políticas distintas por grupos, perfiles o etapas y no simplemente una lista de páginas bloqueadas para todo el colegio. El profesorado necesita además un nivel de acceso diferente al del alumnado, ya que puede requerir recursos que no tendría sentido dejar disponibles directamente para un alumno. Por eso en PenwinEdu insistimos en relacionar identidad, dispositivo y política: saber quién se conecta permite aplicar las reglas adecuadas a cada perfil sin obligar a que todo el centro navegue con las mismas restricciones.

Si el centro no lo detecta, el problema no desaparece

Una infraestructura que no permite ver determinados problemas puede dar la impresión de que esos problemas no existen. En el caso del filtrado, un centro que no dispone de ninguna herramienta para detectar ciertos accesos simplemente no sabe si se están produciendo. La incidencia suele aparecer cuando alguien la comunica, ya sea un profesor, un alumno o, con frecuencia, una familia. Y si la comunicación llega varios días o semanas después, reconstruir lo sucedido resulta mucho más difícil.

Entonces empiezan las preguntas: desde qué dispositivo se accedió, en qué momento, si fue algo puntual o se estaba repitiendo, qué red se utilizó y si había más alumnos implicados. Un sistema correctamente planteado puede aportar información útil para entender qué ha ocurrido y actuar con más criterio. Eso no significa convertir la red del colegio en un sistema de vigilancia permanente de los alumnos. Registrar determinados datos de navegación y supervisar individualmente lo que hace una persona son decisiones distintas, y el centro debe definir con claridad qué necesita registrar, quién puede consultar esa información y durante cuánto tiempo.

Una buena política también protege la relación con las familias

Las familias pueden acercarse a este tema desde posiciones muy diferentes. Algunas quieren saber qué está haciendo el colegio para evitar que sus hijos accedan a determinados contenidos; otras pueden preocuparse por el nivel de control que el centro ejerce sobre la actividad digital del alumno. Las dos preocupaciones son razonables y conviene poder responder a ambas con algo más que una explicación improvisada cuando aparece una incidencia.

La mejor forma de hacerlo es disponer de una política clara y conocida. Esa política debería explicar qué categorías se bloquean, qué diferencias existen según la edad, qué información queda registrada, quién puede consultarla, cómo puede plantear una familia una duda o una discrepancia y qué ocurre cuando el sistema bloquea un recurso que sí debería estar permitido. Cuando estas decisiones se toman y se comunican antes de que aparezca un problema, el filtrado deja de parecer una herramienta activada por informática y pasa a formar parte de la política educativa y de convivencia del centro.

Cómo planteamos el filtrado desde PenwinEdu

En PenwinEdu no empezamos un proyecto de filtrado preguntando cuántas licencias necesita el colegio. Antes necesitamos entender cómo funciona el centro: qué etapas tiene, qué dispositivos utiliza, cómo acceden a internet los alumnos, qué necesidades tiene el profesorado, qué sistema usa para identificar a sus usuarios y qué grado de autonomía quiere ofrecer en cada edad. También es importante saber quién gestionará las excepciones, qué capacidad de respuesta necesita el centro y cómo quiere actuar cuando aparece una alerta durante el curso.

A partir de ahí se diseña la política y se decide cómo debe aplicarse técnicamente, ya sea desde el firewall, desde los propios dispositivos o combinando ambas capas. Estas son las cuestiones que revisamos:

• Qué categorías de contenido deben limitarse en cada etapa educativa.
• Qué diferencias deben existir entre alumnado, profesorado y administración.
• Qué ocurre cuando un dispositivo sale del centro y se conecta a otra red.
• Cómo se gestionan los equipos que no pertenecen al colegio pero acceden a su red.
• Qué información tiene sentido registrar y durante cuánto tiempo.
• Quién podrá consultar esa información.
• Cómo se desbloquea rápidamente un recurso legítimo que hace falta en clase, y quién puede hacerlo.
• Qué procedimiento se sigue cuando aparece un contenido que debería haber sido bloqueado.

La experiencia educativa forma parte de la solución

No existe una configuración universal válida para todos los colegios. Dos centros con el mismo número de alumnos pueden necesitar políticas muy distintas por las edades que atienden, su proyecto educativo, el tipo de dispositivos que utilizan o el nivel de autonomía que quieren dar a sus alumnos. Por eso el filtrado tiene que adaptarse al centro y no al revés.

Un firewall o una plataforma de filtrado pueden ofrecer cientos de opciones de configuración. Saber cuáles utilizar, en qué momento y con qué nivel de restricción es otra cuestión. En PenwinEdu llevamos años trabajando con centros educativos y conocemos muchas de las situaciones que aparecen en las aulas, en los departamentos TIC y en la relación con las familias. Esa experiencia es la que ponemos al servicio de nuestros clientes cuando diseñamos una política de filtrado.

Nuestro trabajo no consiste únicamente en instalar una herramienta o configurar unas reglas en un cortafuegos. Consiste en buscar un equilibrio razonable entre seguridad, protección de menores, privacidad y libertad para que profesores y alumnos puedan trabajar con normalidad. Ese equilibrio no es idéntico en primaria, secundaria o bachillerato, ni tampoco tiene por qué ser igual en dos colegios distintos. Entender esa realidad educativa es tan importante como conocer la tecnología que hay detrás.

PenwinSafe: filtrado y gestión pensados para centros educativos

En PenwinEdu desplegamos y mantenemos soluciones de filtrado de contenidos y gestión de dispositivos específicamente para centros educativos. Con PenwinSafe, el centro puede aplicar diferentes políticas según usuarios, grupos y etapas educativas, manteniendo una gestión centralizada y adaptada a su realidad. El objetivo no es simplemente bloquear contenidos, sino conseguir que la política definida por el colegio pueda aplicarse de una forma coherente y manejable durante todo el curso.

Además, el proyecto no termina el día de la instalación. Las necesidades cambian, aparecen nuevas plataformas, se incorporan aplicaciones y determinados recursos que hoy no existen pueden convertirse mañana en herramientas habituales de aula. Por eso el acompañamiento y el soporte forman parte de la solución. PenwinSafe está disponible desde 3,5 € por dispositivo y año, y el estudio previo del centro no tiene coste ni compromiso.